Castilla y Leon:
Desde hace más de tres décadas, el sistema público de salud en la República Dominicana ha sido víctima de un plan silencioso pero calculado. Un grupo de mercaderes de la medicina ha orquestado, poco a poco, el colapso del servicio público para beneficiar el sector privado. La estrategia es clara: deteriorar los hospitales, desmotivar al personal y provocar que los pacientes busquen atención en clínicas privadas, donde los costos resultan inalcanzables para la mayoría.
Lo más preocupante es que esta situación no es casual. Forma parte de un modelo donde muchos médicos, que se dicen “moralistas”, han acumulado fortunas a costa del sufrimiento de la gente humilde. No todos, claro está, pero una parte significativa del sector médico ha convertido la salud en un negocio sin alma. El reciente caso del SENASA es una muestra evidente de esta perversión. Lo ocurrido debería despertar la conciencia de un pueblo que, muchas veces, no se da cuenta de que está siendo manipulado por un sistema diseñado para enfermar sus bolsillos y su dignidad.
Hoy, incluso con un seguro médico, el ciudadano debe pagar entre 3 mil y 7 mil pesos por una consulta. Si necesita medicamentos, solo dispone de una pírrica cobertura de 8 mil pesos anuales; y si debe realizarse estudios especializados o analíticas, los costos se convierten en un calvario financiero. En la práctica, tener seguro médico ya no es una garantía de atención, sino una puerta de entrada a un negocio redondo que beneficia a pocos.
Pero lo más grave es el comportamiento de algunos profesionales de la medicina y ciertos políticos que participaron en el robo al SENASA. Ellos no solo traicionaron la confianza del Estado y del pueblo, sino que jugaron con la vida de los más vulnerables. Al dejar sin cobertura a pacientes con cáncer, diabetes y otras enfermedades crónicas, condenaron a muchos a una muerte segura. La corrupción en salud no se mide solo en millones robados, sino en vidas que se pierden.
En La Vega, la situación se vuelve aún más indignante. Una ciudad que alguna vez fue modelo de progreso hoy exhibe los servicios médicos más caros del país. Las clínicas exigen depósitos antes de atender a pacientes en estado crítico, y muchos galenos cobran tarifas superiores incluso a las de Santiago. Peor aún, en numerosas ocasiones, recomiendan operaciones innecesarias que, al ser evaluadas por un segundo especialista, resultan injustificadas. Esa práctica no solo vulnera la ética médica, sino que refleja hasta qué punto la salud ha dejado de ser un derecho para convertirse en un privilegio.
La raíz del problema está en la falta de una política pública firme que obligue a los especialistas a cumplir con sus horarios y responsabilidades en los hospitales. Mientras el Estado no ejerza autoridad ni controle los intereses económicos que dominan el sistema, el pueblo seguirá siendo víctima de un modelo que prioriza el dinero sobre la vida.
El país necesita recuperar la esencia del servicio público: la vocación, la entrega y el respeto a la salud humana. Solo entonces podremos hablar de un sistema de salud digno, justo y verdaderamente al servicio de la gente, no del bolsillo de unos pocos.
Por: Winston Hernández