Madrid, 30 de junio de 2025 –
El juez de la Audiencia Nacional ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza para Ignacio Cerdán, exdirector general de Infraestructuras del Ministerio de Transporte, tras su comparecencia en sede judicial por su presunta implicación en una red de corrupción que salpica a altos cargos públicos y empresarios del sector de la obra pública.
Cerdán, quien fue detenido el pasado jueves en una operación conjunta de la UCO y la Fiscalía Anticorrupción, está siendo investigado por delitos de cohecho, pertenencia a organización criminal y tráfico de influencias. El juez instructor considera que existen “indicios sólidos y fundados” de que el exalto cargo habría recibido importantes sumas de dinero a cambio de adjudicar contratos públicos de forma irregular durante los últimos tres años.
La investigación, que se encuentra bajo secreto de sumario, forma parte de la Operación Ágora, una macrocausa que ya ha provocado una decena de registros en empresas constructoras y organismos públicos, y en la que figuran como investigadas al menos 17 personas, entre ellas otros funcionarios, técnicos y directivos del sector privado.
Según fuentes judiciales, Ignacio Cerdán habría utilizado su posición para influir en la concesión de obras y licitaciones públicas a favor de determinadas empresas, las cuales le habrían compensado mediante comisiones encubiertas, regalos de lujo y viajes al extranjero, entre otros beneficios. Los investigadores sostienen que los pagos se canalizaban a través de sociedades pantalla y cuentas bancarias radicadas en paraísos fiscales, lo que justificaría la calificación del caso como crimen organizado.
Durante su declaración, Cerdán negó los cargos y aseguró ser “víctima de una caza de brujas”, argumentando que las adjudicaciones se hicieron conforme a la ley y bajo criterios técnicos. No obstante, el magistrado no dio credibilidad a su versión, destacando el riesgo de destrucción de pruebas y fuga, así como la posibilidad de que pudiera influir en otros implicados.
El caso ha provocado una fuerte sacudida política. Diversos partidos de la oposición han exigido explicaciones inmediatas al Gobierno y han pedido la comparecencia urgente del ministro de Transporte en el Congreso. Desde Moncloa, fuentes oficiales han indicado que “la Justicia debe actuar con total independencia” y que se colaborará “en todo lo necesario para esclarecer los hechos”.
Mientras tanto, Ignacio Cerdán ha ingresado esta tarde en el centro penitenciario de Soto del Real, donde permanecerá a la espera del avance de la instrucción.